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El gobierno interino que lidera Juan Guaidó en Venezuela tiene una hoja de ruta clara: cese de la “usurpación”, gobierno de transición y elecciones libres; y cuenta con el respaldo de muchos venezolanos, de EE.UU. y de buena parte de América Latina y Europa.
La pauta quedó establecida el pasado 5 de febrero, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un documento que estipula los pasos hasta la realización de una eventual elección presidencial.
La acción parte del presupuesto de que las elecciones de mayo del 2018 y la juramentación el pasado 10 de enero de un segundo mandato del presidente en disputa Nicolás Maduro rompieron el orden constitucional en el país.
Los opositores alegan entre otras razones que en aquellas elecciones no se les permitió competir a todos los partidos y candidatos opositores fuertes fueron inhabilitados. También argumentan que no hubo garantías, ni observación ni mecanismos para que votaran los venezolanos en el exterior.
Consultado por la Voz de América acerca de si el plan de la oposición que incluye la realización de elecciones constituye un cambio en la Constitución venezolana, el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli contestó: “Absolutamente no”.
“Lo que está ocurriendo es que en ejecución del artículo 333 de la Constitución, se dicta este estatuto orgánico que regula la transición con respecto a la Constitución y a sus valores superiores, pero en ningún caso se está alterando la Constitución, todo lo contrario, se está restituyendo el orden constitucional”, explicó.
Según lo previsto, “una vez cesada la usurpación” de la presidencia en disputa que encabeza Maduro, la Asamblea Nacional “velará por la continuación de la aplicación del artículo 233 de la Constitución”, en virtud del cual se conformaría el gobierno de transición y 30 días después se convocarían “elecciones presidenciales libres y competitivas”.
La también abogada venezolana Cecilia Sosa Gómez, explicó a la Voz de América que tanto el artículo 25 como el 26 del citado Estatuto “lo que prentenden más bien en acercarse lo más posible al texto de la Constitución”.
El artículo 25, -expresó-, otorga al presidente de la Asamblea en ejercicio el mandato de encargado del gobierno para conducir el proceso que lleve a la formación de un gobierno de unidad nacional y la posterior realización de elecciones presidenciales libres en un plazo de 30 días.
En referencia al artículo 26, Sosa Gómez explicó que “en caso de que haya una imposibilidad técnica para que se puedan convocar esa elección en los términos que sea libre, competitiva, que se depure el registro electoral (…) en caso de que sea imposible convocar y realizarlas, lo que el Estatuto prevé es que la Asamblea Nacional ratifique al presidente encargado como presidente provisional para que conforme el gobierno de unidad nacional para transición democrática y en ese sentido convoque a elecciones libres (…) que deberán realizarse en el menor tiempo posible que no puede exceder los 12 meses”.
Hasta ahora no es claro cuándo o si ocurrirá lo que la oposición identifica como “el cese de la usurpación”. Afincados en sus posiciones están del otro lado, el presidente en disputa Nicolás Maduro y sus seguidores, quienes defienden las elecciones celebradas en mayo de 2018 pese a que fueron consideradas fraudulentas por actores políticos dentro y fuera de Venezuela.
Maduro dijo a Rusia Today recientemente que en Venezuela “las únicas elecciones que están pendientes son las del parlamento” pautadas para el 2020. “Yo he propuesto que se convoquen elecciones adelantadas del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y eso está en debate en el país”, ha dicho Maduro.
Fuente: Voz de América
