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La pena de muerte para el acusado de un tiroteo ocurrido en 2013 contra agentes de seguridad en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) que cobró la vida de un oficial salvadoreño, solicitó hoy la fiscalía de Los Ángeles .
Paul Anthony Ciancia, de 24 años, está acusado del asesinato en primer grado de Gerardo Hernández, un oficial de la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA) que se convirtió en el primer agente muerto en servicio desde que dicha agencia fuera creada luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
“Ciancia actuó con la intención de que sus crímenes infundieran miedo en los corazones de los empleados de la Dirección de Seguridad en el Transporte y para disuadirlos de cumplimiento de sus funciones”, argumentó la fiscalía en su petición.
La solicitud, encabezada por la fiscal Stephanie Yonekura, encargada del Distrito Central de California, argumenta que Ciancia “conscientemente buscó crear un grave riesgo de muerte para una o más personas”, además del agente Hernández.
En noviembre de 2013 alrededor de las 9:20 de la mañana, Ciancia, entró a un área de registro reservada para pasajeros en el Terminal 3 de LAX portando un rifle de asalto y disparó contra Hernández, de 39 años, hiriéndolo mortalmente.
Un mes después, Ciancia, quien fue herido y capturado por las autoridades luego de disparar contra otras personas, se declaró inocente de 11 cargos graves, tres de ellos por asesinato e intento de homicidio.
“Al cometer sus crímenes una mañana entre semana en un terminal lleno, en uno de los aeropuertos más activos del mundo, Ciancia aterrorizó a numerosos pasajeros de líneas aéreas y a los empleados del aeropuerto haciéndoles temer por su vida y experimentar una angustia emocional extrema”, señaló la Fiscalía.
Un informe presentado en marzo de 2014 evidenció “serias fallas de comunicación” entre las agencias de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles, que impidieron una respuesta más rápida de las autoridades ante el ataque.
En abril del año pasado, la esposa y los dos hijos de Hernández presentaron una demanda de 25 millones de dólares contra la ciudad alegando fallas en la seguridad del personal del aeropuerto.
