Evo Morales anuncia 320 millones de dólares para que no se pare la obra pública

La Paz, 4 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este jueves un monto de casi 320 millones de dólares en apoyo a los Gobiernos municipales y departamentales, para evitar que paralicen obras públicas por problemas presupuestarios.
Morales, en una comparecencia en la sede del Gobierno boliviano en La Paz, aseguró que algunas alcaldías y gobernaciones departamentales del país se comprometieron “con crédito interno y externo” pero sin poder “garantizar su contraparte” en estas obras.
Por ello, emitió este pasado miércoles un decreto supremo “para que esos proyectos no se paralicen”, con ese monto estatal para créditos por un periodo de veinte años, que canalizarán los Ministerios de Economía y de Planificación de Desarrollo.
El mandatario advirtió de que algunas administraciones “no tienen capacidad de endeudamiento”, especialmente gobernaciones, ya que “solo garantizan el primer desembolso” para unos proyectos que luego corren el riesgo de quedar paralizados.
Al respecto, comentó que en muchos casos esperaban transferencias del Estado que corresponden a estas administraciones por ingresos de hidrocarburos, pero ya “no son como las recibían antes”, que tenían mayores cuantías en momentos por alzas del precio del petróleo.
El jefe de Estado pidió que no paralicen obras como las de pavimentado de caminos, ya que están en marcha para unos 2.700 kilómetros a lo largo del país.
El aporte estatal está destinado a proyectos con avance físico mayor al 50 por ciento para gastos pendientes de pago, mediante un crédito en función de la prioridad que establezca el Ministerio de Planificación de Desarrollo.
Bolivia tiene nueve departamentos, 112 provincias y 339 alcaldías, en un país con cerca de once millones de habitantes y una extensión de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados.
El Gobierno de Evo Morales tiene en las obras públicas una de sus políticas estrella y uno de los principales ingresos del país es la venta al exterior de hidrocarburos como el gas, por la que administraciones locales reciben una regalía.