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Un nuevo atentado suicida contra autobuses de las fuerzas de seguridad dejó hoy en Kabul al menos 38 muertos y 40 heridos, diez días después de un ataque similar, lo que llevó al presidente afgano, Asharf Gani, a ordenar que se investigue si existe negligencia en el traslado del personal.
La mayoría de los fallecidos son cadetes de la Policía afgana que viajaban en un convoy de ocho autocares atacado por dos talibanes suicidas, en un atentado muy parecido al que el lunes de la semana pasada costó la vida a catorce guardias de seguridad de la Embajada canadiense en Kabul cuando iban en un autobús.
En el ataque perpetrado hacía el mediodía de hoy a las afueras de la capital afgana, un primer suicida detonó los explosivos que llevaba en su vehículo contra dos de los autobuses con cadetes procedentes de un centro de entrenamiento policial en la vecina provincia de Maidan Wardak.
Apenas cinco minutos después, otro suicida a pie se inmoló en la misma zona, relató a Efe Musa Rahmati, gobernador del distrito de Paghman.
Además de los ocupantes de los autocares murieron seis civiles que estaban en ese momento en el lugar de las explosiones.
El ataque contra el personal de seguridad de la embajada hace diez días, en el que murieron doce guardias de seguridad nepalíes y dos indios, lo cometió igualmente un suicida que iba a pie cuando detonó los explosivos que llevaba contra el autobús.
Al igual que entonces, los talibanes reivindicaron la acción perpetrada por los suicidas este mediodía, en un comunicado en el que su portavoz Zabihullah Mujahid aseguró que el segundo atacante estaba esperando a que la Policía llegara “a recoger a los muertos y heridos” para causar más daño.
El portavoz elevó a unos 150 el número de muertos, aunque los insurgentes tienden a exagerar el alcance de sus acciones.
Tras este nuevo atentado, el presidente afgano, Ashraf Gani, además de condenarlo como un “crimen contra la humanidad”, ordenó al Ministerio de Interior que investigue si hubo “negligencia” de las autoridades en el traslado de los cadetes.
En ese caso, advirtió de que su Gobierno actuará con firmeza contra los responsables.
El ministro del Interior afgano, Taj Muhammad Jahid, explicó después en un comunicado que de inmediato puso en marcha dos comisiones, una de ellas para investigar las circunstancias del ataque y, en base a sus resultados, recomendar a los mandos policiales las medidas oportunas.
La otra comisión se encargará de proporcionar la asistencia necesaria para las familias de los fallecidos.
El jefe de Gobierno afgano, Abdullah Abdullah, la embajada de Estados Unidos en Afganistán y la misión Apoyo Decidido de la OTAN en el país asiático, entre otros, se sumaron a la condena.
“El segundo ataque tenía como objetivo decididamente a los valientes que corrieron a ayudar a las víctimas” de la primera explosión, denunció la embajada estadounidense en un comunicado.
La misión aliada, por su parte, lamentó en una nota que con estas acciones contra fuerzas afganas y extranjeras, “los ataques talibanes son la causa más importante de bajas civiles en Afganistán”.
La inestabilidad en el país asiático ha ido en aumento desde el fin de la misión militar de la OTAN en diciembre de 2014 y los talibanes han ido avanzando en el control del país, así como en la frecuencia y tamaño de los atentados en grandes ciudades.
Los insurgentes controlan desde finales de 2015 casi un tercio del territorio afgano, según un informe del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán de EEUU (SIGAR), país que mantiene en Afganistán unos 9.800 efectivos en misiones de asesoramiento y antiterroristas.
La OTAN, por su parte, mantendrá a cerca 12.000 soldados hasta finales de 2016, un año más de lo previsto, por la inseguridad en el país asiático.
