Las presidenciales venezolanas se celebran en medio de gran rechazo internacional

El resultado de las elecciones presidenciales venezolanas del 20 de mayo tendrá que enfrentarse a la mirada vigilante de buena parte del mundo y al hecho de que muchos países no reconocerán el resultado, al considerar que fueron convocadas ilegalmente.
Frente a la decisión del Parlamento Europeo, EE.UU. y varios países latinoamericanos, el nuevo presidente venezolano -que según las encuestas será el presidente Nicolás Maduro-, contará con el apoyo de Rusia, uno de sus principales socios económicos, y de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA).
Desde la decisión el 23 de enero de la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano convocar las elecciones, diversas administraciones se mostraron en desacuerdo con una decisión que tacharon de unilateral e ilegal.
Estos Gobiernos no reconocieron a la ANC por considerar que se eligió e instaló de forma fraudulenta, y a partir de ese momento consideran que todas las decisiones del foro chavista son ilegales.
El primer choque diplomático de calado se dio los días previos a la Cumbre de las Américas de mediados de abril en Perú, cuando el Grupo de Lima pidió retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a este evento en rechazo a la convocatoria adelantada a elecciones.
Caracas acusó a sus integrantes -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía- de ir en contra de los estatutos de la misma organización.
Y a menos de una semana para las elecciones, el Grupo de Lima lanzó un ultimátum al Gobierno de Maduro para que suspenda los comicios del domingo.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de la vecina Colombia, Juan Manuel Santos, han declarado abiertamente que no reconocerán al vencedor.
La decisión del Grupo de Lima fue también respaldada por EE.UU. y su presidente Donald Trump ha calificado a Maduro en varias ocasiones de “dictador”.
En la última reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington el pasado 7 de mayo, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pidió suspender el “simulacro de votación” que, dijo, “será una elección falsa con un resultado ilegítimo” y aseguró que Trump “no se quedará con los brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona”.
EE.UU. ha aprobado varias sanciones económicas contra el Gobierno venezolano y contra varios de sus altos cargos, incluyendo a Maduro, mientras Canadá, Suiza y Panamá también han lanzado medidas contra funcionarios y antiguos miembros del equipo del presidente.
El Parlamento Europeo también dio luz verde por amplia mayoría el pasado 3 de mayo a una resolución que rechaza las presidenciales venezolanas y pidió su “suspensión inmediata”.
Insistió en que la Unión Europea solo reconocerá unas elecciones “que estén basadas en un calendario electoral viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes”.
España, en palabras del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y Francia, a través del ministro de Exteriores Jean-Yves Le Drian, han mostrado su rechazo a la convocatoria electoral.
Frente a este panorama, el nuevo presidente venezolano, que tendrá que esperar hasta el 10 de enero de 2019 para jurar su cargo, ya ha recibido el respaldo de los países integrantes de la Alianza Latinoamericana para los Pueblos de América (ALBA) y, sobre todo, de Rusia.
Moscú criticó el pasado 4 de mayo lo que calificó, en boca de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, de “llamamientos a boicotear” las presidenciales y acusó a Estados Unidos de “aislar” a Venezuela para provocar protestas contra el Gobierno de Maduro.
Por su parte el ALBA – compuesto por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Surinam, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Venezuela, aprobó en su declaración final tras la Cumbre del 5 de marzo su “firme respaldo” a Maduro, su gobierno y “al proceso democrático que dirige”.
Reconocieron además “el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar” en los comicios del 20 de mayo “conforme a sus normas y procedimiento internos” y respaldaron sus “esfuerzos” por “encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos”.