Gobierno peruano retira a su embajador en Chile por el caso “espionaje”

Lima, 7 mar (EFE).- El Gobierno peruano retiró su embajador en Chile, condicionando su regreso a las investigaciones y “las satisfacciones” que reciba sobre el caso de presunto espionaje por el que están siendo investigados tres suboficiales de la Marina de Guerra peruana.

La Cancillería peruana informó en la madrugada de hoy que envió una segunda nota diplomática a Santiago sobre el caso, en la que reiteró su “más firme rechazo y profunda preocupación por las acciones de espionaje de Chile en contra de la seguridad nacional”.
Perú llamó a consultas a su embajador en Chile, Fernando Rojas, el pasado 20 de febrero, cuando también envió una primera nota de protesta pidiendo explicaciones por el presunto espionaje, que fue respondida por Chile, de manera reservada, el 3 de marzo.
Tras confirmar la recepción de esa respuesta, el presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó que no esta satisfacía la demanda de su país y anunció que evaluaba una respuesta enérgica.
El comunicado divulgado hoy agregó que Perú reitera que las acciones de espionaje se encuentran debidamente acreditadas y, remitió, a la vez, información complementaria respecto de la que se brindó en la nota diplomática del 20 de febrero.
Asimismo, reafirmó “la urgencia de recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en Chile, así como las seguridades que no se habrán de repetir actos de espionaje”.
La primera ministra, Ana Jara, ratificó posteriormente la decisión del Gobierno y dijo que esta postura se mantendrá mientras no se reciba una respuesta con las debidas satisfacciones.
“Espionaje de Chile: Gobierno del Perú ha dispuesto que en tanto no se den las satisfacciones del caso, se retira a nuestro embajador en Chile”, señaló Jara en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, tres suboficiales de la Armada peruana fueron captados en 2006 y 2011 por presuntos militares chilenos a los que entregaron información clasificada.
Por ese motivo, el fuero militar abrió el año pasado un proceso por los delitos de traición a la patria, infidencia y desobediencia al analista de información de inteligencia Alfredo Marino Domínguez, el operador de comunicaciones Johnny Richard Pilco y el técnico Alberto González de la Marina de Guerra.
El delito de traición a la patria es penado con no menos de 20 años de cárcel, el de infidencia con un máximo de 10 años y el de desobediencia con hasta 5 años de prisión.
Tras conocerse la medida del Gobierno peruano, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que se trata “una decisión soberana” y anunció que responderá a la nota diplomática de manera reservada, “como corresponde”.
“En su momento, debidamente, vamos a responder, no puedo decir cuándo, pero analizaremos el contenido de la nota que nos ha enviado Perú, se la han entregado a nuestro encargado de negocios anoche y oportunamente vamos a responderla por el canal diplomático”, afirmó.
Muñoz reiteró además que el Gobierno de Chile “no acepta, realiza ni ampara acciones de espionaje en otros países ni en el nuestro” e insistió en que el propósito estratégico de las relaciones con Perú “es buscar mantener el buen nivel de relaciones que hemos estado construyendo”.
Humala afirmó el lunes pasado que su Gobierno “tiene las pruebas” y que “ha comprobado que se ha producido el acto” de espionaje.
El presidente también dijo que el presunto espionaje se produjo en un contexto “de batalla jurídica que no puede pasar desapercibido”, en referencia al litigio por límites marítimos que ambos países sostuvieron entre 2008 y 2014 en la Corte de Justicia de La Haya (CIJ).