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El secretario general del FMLN, Medardo González (c). EFE/Archivo

El FMLN salvadoreño dice que la derecha busca dar a una empresa privada la gestión del agua

El secretario general del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, dijo hoy que los partidos de derecha en el Congreso de El Salvador buscan que la empresa privada administre el agua con una ley “mal llamada integral de aguas”.
González manifestó, a través de sus redes sociales, que “Arena (oposición) y demás partidos de derecha comenzaron a discutir una propuesta de Ley de Aguas, mal llamada ‘integral de aguas’, con la que buscan entregar a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) la gestión del agua”.
El secretario general del partido de izquierda aseguró que “el FMLN reitera su compromiso de luchar junto al pueblo la privatización del agua”.
Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa retomaron este martes el estudio de la Ley de Aguas y acordaron la metodología a seguir para el análisis de la iniciativa.
Según el Órgano Legislativo, los parlamentarios ratificaron los primeros cinco artículos de la normativa aprobados por la pasada legislatura (2015-2018), los cuales tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La propuesta analizada por los diputados es la presentada por los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 14 de junio de 2017.
De acuerdo con la titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, esta iniciativa “pone en manos de privados las decisiones del manejo del recurso hídrico”, actualmente bajo gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
“Esta (propuesta de) ley que se ha presentado es decepcionante”, porque las decisiones sobre “un recurso tan importante como el agua no pueden estar en manos privadas”, dijo Pohl cuando la oposición la presentó.
El 14 de abril de 2015, el Gobierno de El Salvador decretó una emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central del país, por una prolongada sequía a causa del cambio climático.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.