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La decisión gubernamental trascendió este jueves por medio de un memorando de la subprocuradora de justicia federal Sally Yates dirigido al Departamento Federal de Prisiones.
Yates anunció la decisión en un memorandum que les indica a los funcionarios federales que no deben renovar los contratos de prisiones privadas, o incluso reducir el alcance de esos contratos.
El Buró de Prisiones Federales ya empezó a implementar esos cambios. Antes del anuncio de Yates ya se habían cancelado contratos por más de 8,300 camas en prisiones privadas, según dijo Yates en su anuncio.
Estas acciones, escribió Yates, “permitirán que el Buró deje de poner a convictos en instalaciones privadas el próximo año, y reducirá la población carcelaria en esas instalaciones a menos de 14,200 presos antes del 1 de mayo de 2017”.
En el documento oficial, Yates señala que tras una década en la que el gobierno federal contrató con compañías privadas por el rápido crecimiento de la población carcelaria, se ha comprobado que las cárceles privadas “se comparan muy mal con las públicas”.
“Las prisiones privadas no proveen el mismo servicio, programas o recursos, no ahorran costos y como lo reportó recientemente el Inspector General, no mantienen el mismo nivel de seguridad que las públicas”, apuntó la subprocuradora en el documento.
Agregó que los servicios de rehabilitación que el Buró de Prisiones tiene, tales como programas educativos y entrenamiento laboral “no han podido replicarse al contratar” con prisiones privadas.
Yates no precisó una fecha específica en el que todos los reclusos federales tendrán que estar en penales del gobierno.
