Activistas movilizan a familias inmigrantes para presionar a Obama

 Activistas que defienden la reforma migratoria buscan que el presidente Barack Obama apruebe por decreto medidas en favor de la inmigración, los grupos intensifican sus esfuerzos para movilizar a las familias inmigrantes e involucrarlas en las acciones de este mes.

La coalición de organizaciones Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) y otros grupos prorreforma convocaron conferencias telefónicas abiertas, una en inglés y otra en español, para informar a las familias inmigrantes sobre las movilizaciones de agosto y con el objetivo de que expresaran sus dudas acerca de los siguientes pasos que pueden dar el Gobierno y el Congreso en inmigración.
El congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez, de ascendencia puertorriqueña y conocido por su defensa férrea de los derechos de los inmigrantes, consideró durante la llamada colectiva que ha llegado el momento de que Obama actúe, tras “el fracaso” de la oposición republicana para avanzar en esta materia.
“Es tiempo de que actúe y creo que lo va a hacer. La pregunta es cuán generoso va a ser, yo creo que lo será mucho. Su actuación debe ser lo más amplia posible”, dijo Gutiérrez.
Los grupos prorreforma han organizado un agosto de protestas para conseguir que el presidente actúe por decreto en inmigración mientras el Congreso está en receso estival.
Los legisladores iniciaron sus vacaciones de verano sin haber avanzado en la propuesta de reforma migratoria ni aprobado fondos para la crisis fronteriza provocada tras la llegada masiva de niños indocumentados sin acompañantes, la mayoría centroamericanos, al sur de EE.UU.
Los activistas denuncian que los republicanos han “abandonado” a los inmigrantes en un momento decisivo, por lo que ahora concentran sus movilizaciones en presionar a Obama para que, como advirtió él mismo, actúe de manera unilateral ante la inacción del Congreso.
El Gobierno de Obama estudia desde hace meses limitar las deportaciones de indocumentados, que le han valido las críticas más duras por parte de los grupos de defensa de los inmigrantes debido a que su Administración ha batido el récord con más de dos millones.
“La prioridad la tienen que tener los que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y los que tienen trámites pendientes para una visa familiar. Debemos expandir el mundo de los soñadores a sus familias”, opinó el congresista Gutiérrez.
Las organizaciones Alliance for Citizenship, Center for a New Community, y Reform Immigration for America participaron también en la llamada colectiva que reunió hoy a más de 15.000 personas y en la que los activistas llamaron la atención sobre la mayor presencia y visibilidad de grupos racistas y contrarios a la inmigración en los últimos meses, sobre todo tras la crisis fronteriza.
“Debemos conseguir que el resto de los estadounidenses rechacen las palabras racistas de nuestros oponentes. Que entiendan las verdaderas razones que llevan a la gente a huir de sus países”, señaló Ricardo Ramírez, portavoz del FIRM.
Ante el receso legislativo de verano en el Congreso y a la espera de eventuales acciones ejecutivas del presidente Barack Obama a favor de la inmigración, el FIRM aboga por frenar las deportaciones y la separación de las familias.
Durante este mes están previstas casi una treintena de acciones en favor de la reforma migratoria en más de quince estados del país, entre ellos una marcha en Nueva York el 26 de agosto y otra ante la Casa Blanca el día 28 en Washington D.C.
Cuando quedan días para el segundo aniversario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más conocida como DACA y puesta en marcha el 15 de agosto de 2012, los activistas piden a Obama medidas similares para favorecer a los inmigrantes indocumentados.
La acción diferida otorga un permiso de trabajo durante dos años a todos los jóvenes que puedan demostrar haber llegado antes de 2011 sin haber cumplido los 16 años y que sean menores de 30 años.
Esta iniciativa ha beneficiado a más de medio millón de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños pero que se han criado en el país.
Desde el comienzo del período fiscal 2014, el 1 de octubre pasado, las autoridades han detenido cerca a 60.000 menores de edad, en su mayoría procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador.