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30 años de cárcel a deportados que regresen a Estados Unidos.

Uno de los congresistas republicanos del estado de Florida ha propuesto una iniciativa de ley en la que cualquier deportado que regrese a los Estados Unidos será condenado a pasar de 20 a 30 años en prisión.

Carlos Trujillo, congresista republicano ha expuesto la iniciativa del HB9, donde propone clasificar como una “acción grave” el regreso sin autorización de inmigrantes que han sido deportados al igual que de aquellos que cuenten con orden de deportación final.

Esta propuesta ha implantado temor a inmigrantes y a sus familias.

Jonathan Fried, director ejecutivo de We Count en Homestead, una ciudad agrícola al sur de Miami dijo que esta propuesta forma parte de un pensamiento que ha interrumpido en la política de este país y en particular con el partido republicano. Asegura que están usando a los inmigrantes como “chivos expiatorios”.

A su vez, Nora Sàndigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana de Miami dijo estar sorprendida debido a que ha sido un hispano quien ha implementado esta iniciativa.

“El discurso antiinmigrante de los republicanos nos está llevando esto. Es como un plan a seguir, todos en la misma dirección. La frustración mayor es cuando este tipo de legislaciones viene de gente con las mismas raíces nuestras. Es una especie de deseo de hacer lo que sea para arruinar la vida de los que vienen después de uno” agregó.

En otras declaraciones, el abogado Joe García, cubano americano residente en Miami y ex representante demócrata por el estado de Florida en el Congreso Federal, declaró muy convencido que el plan de Trujillo traiciona nuestra propia cultura ya que cualquier miembro de la familia del congresista republicano tiene contacto con indocumentados, atiende a las tiendas de nuestras ciudades y consume alimentos cosechados por gente que no tiene papeles.

Concluyó diciendo que no debemos olvidarnos de nuestra comunidad y que ellos no tienen que ser criminalizados.

En el 2014 el presidente Barack Obama anunció un beneficio incluido en la Acción Ejecutiva llamado DAPA en donde frena las deportaciones de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes y jóvenes protegidos por la Acción Diferida de 2012, mejor conocidos como “dreamers”

Este beneficio se encuentra detenido por los tribunales de justicia debido a una demanda que se interpuso por 26 estados de los cuales 24 de ellos son gobernados por republicanos.

El Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU) dijo que ha tomado nota de la iniciativa HB9 presentada por Trujillo.

Familias de inmigrantes indocumentados deportados han expresado su insatisfacción y temor declarando que no es justo que se le castigue a personas que no tienen falta con la justicia  y que solo quieren volver a lado de su familia.