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Desde el miércoles 22 de febrero, está instaurado en Connecicut, el programa Federal “Comunidades Seguras”, donde por mandato federal, se obliga a organismos encargados, identificar, detener y deportar a extranjeros que han sido condenados por delitos graves. El grupo en contra de esta ley declara que lastimosamente el 12% de los deportados en este programa son delincuentes graves, y a menudo, se deporta a gente inocente cuyo delito es no contar con los permisos de trabajo y residencia.
Esa misma mañana del miércoles, una concentración organizada por el grupo de organizaciones pro inmigrantes
y la clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de Yale, se apersonaron a las oficinas del Gobernador Dannel Malloy para pedir aplace o postergue la ley, hasta encontrar medidas que garanticen la seguridad de individuos que pueden ser detenidos injustamente, y poder evitar violación a los derechos humanos y civiles como sucedió recientemente y confirmado por el FBI, en la localidad de East Haven.