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Los indocumentados de Colorado que antes de la reforma migratoria local de 2006 obtuvieron licencias de conducir de manera legal podrían enfrentar problemas al tratar de renovar esos permisos en el marco de la nueva ley que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, según una experta local.
Según la coordinadora de la Alianza Migrante Guatemalteca de Colorado, Saida Pérez, quienes busquen beneficiarse con la nueva ley deberán tener en cuenta que iniciar ese procedimiento podría “resultar peligroso” para el solicitante, especialmente si en la licencia anterior se usó un nombre falso.
La ley SB251, aprobada por la legislatura de Colorado en 2013, extiende el beneficio de recibir licencias de conducir y tarjetas de identificación “a trabajadores extranjeros y a miembros de sus familias con estatus legal temporal en este estado” y a “personas indocumentadas”.
A partir del 1 de agosto todas las personas sin residencia permanente en Colorado, tengan o no su documentación migratoria o permisos de trabajo en regla, deberán seguir las normas de la nueva ley, que incluyen verificación de identidad por medio de documentos de ciudadanía como el pasaporte y de huellas dactilares.
“En años pasados, especialmente antes de 2001, numerosos inmigrantes, aprovechando otras leyes y otras circunstancias, obtuvieron licencias y otros documentos que luego usaron para trabajar, pero al gestionar esos documentos no siempre usaron sus nombres reales y ahora, con la nueva ley, eso se descubrirá”, indicó Pérez.
Al igual que en los demás estados, en Colorado es un delito presentar información falsa al completar solicitudes relacionadas con documentos emitidos por el Gobierno, por lo que quienes traten de renovar las licencias usando esta vez sus nombres verdaderos corren el riesgo de enfrentar cargos estatales.
“Muchas personas no se dan cuenta de que, en su intento de engañar al sistema, ellas se han creado problemas para ellas mismas y hasta podrían terminar en la cárcel o incluso de ser deportadas”, comentó Pérez.
“Por eso, antes de iniciar el trámite, los indocumentados deberían consultar con un abogado e informarse en detalle de lo que les puede suceder si se descubre lo que antes hicieron”, sugirió la dirigente guatemalteca.
Pérez basó su advertencia en la situación actual que afecta a miles de indocumentados en Utah por tratar de gestionar nuevas licencias.
Según reveló esta semana la División de Licencias de Conducir de Utah, las nuevas leyes que desde julio de 2010 regulan la emisión de esos documentos permitieron detectar a casi 6.000 indocumentados cuando esas personas, al intentar renovar licencias obtenidas legalmente en el pasado y bajo otras leyes, fueron correctamente identificadas por medio de huellas digitales.
“Quienes llegaron antes del 2000 podían obtener tarjetas de seguro social y licencias de conducir reales, que se renuevan cada diez años o cada cinco años. Como las leyes cambiaron en 2010, estamos viendo ahora los resultados de aplicar la nueva ley a las licencias anteriores”, declaró el presidente del Proyecto Latino de Utah, Tony Yapias.
A la vez, dijo Yapias, desde julio de 2010 unas 35.000 personas que ahora viven en Utah pero sin presencia legal en Estados Unidos recibieron sin inconvenientes las llamadas “tarjetas de privilegio de conducir”.
Para evitar problemas para los indocumentados en Colorado, la Alianza Migrante Guatemalteca colabora con otras organizaciones comunitarias locales en campañas educativas sobre la nueva ley.
Pérez puntualizó que, aunque las distintas organizaciones sirven a distintas comunidades e incluso tienen distintos enfoques sobre la SB251, todos esos grupos coinciden en que para ciertos indocumentados obtener o renovar esas licencias puede crear problemas.
“Estamos muy agradecidos a la Legislatura de Colorado por haber aprobado una ley que ayudará a unas 150.000 personas, pero quienes deseen beneficiarse con esa ley deben saber que puede haber consecuencias negativas si no se informan o preparan adecuadamente”, concluyó.
