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La ley de identificación del votante en Texas es revisada por Corte Federal de EE.UU.

Un juicio contra la ley de identificación del votante en el Estado de Texas, empezó en una corte federal de Corpus Christi, en la que se personó el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de desmantelarla por discriminatoria.

La ley, impulsada por el Partido Republicano, requiere a los ciudadanos un documento oficial identificado con una fotografía y expedido por el estado para poder ejercer el derecho a voto, como la licencia de conducir, el pasaporte o el permiso para portar armas.
Las personas que no disponen de uno de los documentos requeridos pueden solicitar un certificado de identificación electoral expedido por el Departamento de Seguridad Pública, aunque muchos de los condados de Texas no tienen oficinas de esta entidad.
Esto ha convertido a la ley texana en una de las más restrictivas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que la ley, conocida como “Voter ID”, discrimina a las minorías de latinos y afroamericanos, unos grupos con una mayor simpatía por el Partido Demócrata.
Según diversos cálculos, los nuevos requisitos puede apartar de las urnas entre 750.000 y un 1,5 millones de personas en este estado sureño.
En el momento que se promulgó, en 2012, la nueva norma atentaba contra el espíritu de la Ley de Derecho a Voto de 1965, que prohibió la discriminación a los afroamericanos y por la cual Texas tenía que pedir permiso para realizar cambios en su regulación electoral, pero ese requisito fue limitado en 2013 por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Automáticamente a esta sentencia entró en vigor la ley texana, mientras que otros estados, mayoritariamente sureños y en manos de los republicanos, promulgaron sus propias normas.
Es por eso que este proceso judicial tiene implicaciones a nivel nacional, ya que marcará un precedente en la pugna entre el Departamento de Justicia y los estados que han promulgado sus reglamentos desde que el permiso federal dejó de ser un requisito.
La defensa de Texas en el juicio, a cargo por la Procuraduría General, alegó que la ley persigue el fraude electoral y que “la mayoría de texanos ya tiene un documento de identificación válido y los que no, pueden obtenerlo de forma gratuita”.
Se espera que el proceso en la corte de la jueza Nelsa Gonzales se prolongue durante dos semanas.
Mientras la jueza resuelve el caso, los demócratas trabajan a contrarreloj para que sus votantes adquieran los documentos requeridos en la ley para votar en las elecciones del 4 de noviembre.