Grilletes para indocumentados, nuevo negocio para compañías de fianzas

LOS ANGELES.- Indocumentados que fueron arrestados por violar las leyes de inmigración denuncian que una empresa de pago de fianzas saca partido de su desesperación por salir en libertad al cobrarles una mensualidad de 420 dólares tras pagar su fianza y colocarles un grillete como garantía.
“Estoy desesperado con este grillete, ya he pagado más del dinero de la fianza, estoy como preso, pero en mi casa. La gente me mira mal cuando ven el grillete, piensan que soy un delincuente”, explicó a Efe Nefi Morales, oriundo de San Salvador.
En junio del año pasado el salvadoreño, de 26 años, pensó que lo más duro de su travesía como indocumentado había pasado: un juez de inmigración le permitió pelear un caso de asilo político en Estados Unidos. La corte le asignó una fianza de 7.000 dólares para quedar en libertad.
“Otro detenido me dio un número de teléfono y dijo que ellos me podían ayudar; mi esposa los llamó desde Los Ángeles y ahí comenzó toda esta pesadilla”, advirtió.
Morales hizo un pago inicial sobre su fianza de más de 2.000 dólares (la empresa pide un porcentaje del 20 % del depósito) y firmó un contrato con la empresa Libre By Nexus en el que se comprometió a abonar 420 dólares mensuales por el arrendamiento del grillete que le colocaron en su tobillo.
El centroamericano ya ha pagado más de 9.000 dólares y el pago no tiene fecha final, pues debe pagar la “tarifa de servicio y una instalación de GPS y tarifa de rastreo”, según señala Libre by Nexus en su web, hasta que se defina su caso, lo que puede tardar hasta tres años.
“Nos estamos deshumanizando, esto es un ataque a la dignidad del ser humano y del migrante. Les están cobrando por estar libres cuando realmente no lo están, además los están estigmatizando”, advirtió Byron Vasques, director de la Casa de la Cultura de Guatemala.
La organización conoció del tema por Jacqueline Blanco, una guatemalteca que salió bajo fianza tras pasar varios meses en el centro de detención en Eloy, en Arizona.
“Inicialmente pensamos que era el ICE quien le había puesto el brazalete, pero nos dimos cuenta que era una empresa privada; comenzamos a buscar otros indocumentados y en pocos días hemos encontrado a decenas por todo el estado y debe haber muchos más por toda la nación”, indicó Vasques.
Marcela Arroyo es otra inmigrante que tiene que pagar la mensualidad por tener el grillete. “Estuve 10 meses encerrada, quería salir de allá y le dije a mi hermana que los llamara”, relató la mexicana, que tuvo que dejar su natal Michoacán tras una amenaza.
Además de la mensualidad, los inmigrantes alegan que están obligados a pagar 50 dólares por el cargador de la batería, el seguro del sistema GPS y un monto de 3.950 en caso de pérdida o daño del aparato.
“Están usando la necesidad de los migrantes, los están esclavizando y están atrapados por años con estos costos”, dijo.
De acuerdo a Fernando Romo, abogado experto en inmigración, una fianza para una persona que está peleando un caso en la corte de inmigración puede durar años, hasta que el juez dé una sentencia a favor, que otorgue la residencia, o dictamine una salida voluntaria o deportación.
“Técnicamente el cobro podría ser legal porque firmaron el contrato, y habría que ver qué dice, pero el cobro no es muy ético porque para que la corte libere la fianza pueden pasar hasta 36 meses”, advirtió Romo.
Efe trató en repetidas ocasiones de comunicarse con Libre By Nexus, con sede en Harrisonburg, en Virginia, pero no obtuvo respuesta por parte de la empresa.
Richard Rocha, vocero de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aclaró a Efe que esta agencia federal no está asociada con Libre By Nexus.
Además, explicó que ICE no cobra por ninguno de los servicios que reciben los indocumentados cuando están bajo el Programa de Detención Alternativa (Alternative to Detention Program), que ofrece dispositivos de vigilancia electrónica a ciertos indocumentados.
La Casa de la Cultura de Guatemala en Los Ángeles prosigue con su labor de reunir quejas de indocumentados afectados. “No somos alcancías, no somos un negocio, somos personas que vinimos a buscar un mejor futuro”, señaló Blanco.