¿En qué consiste el “juicio político” contra Maduro?

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este martes iniciar un procedimiento con miras a un “juicio político y penal” contra el presidente Nicolás Maduro, acusado de propiciar la ruptura democrática con la suspensión del referéndum revocatorio.

Se acuerda “votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (…) y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo”, subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre la “situación constitucional de la presidencia”.

La Asamblea Nacional -a la que el Tribunal Supremo de Juticia (TSJ) ha declarado en “desacato”- citó además a Maduro el próximo martes “para que se someta al escrutinio del pueblo”.

El juicio político no está estipulado en la Constitución venezolana, aunque sí la figura de abandono del cargo, que según juristas se tipifica cuando el jefe de Estado deja de cumplir las funciones para las que fue elegido

Estas son las medidas constitucionales que tomó la Asamblea Nacional contra Maduro:

1. Abandono del cargo

La Asamblea determinó que hay elemento suficientes para considerar que Maduro “abandonó el cargo”. El abogado Juan Manuel Raffali explicó al diario venezolano El Nacional que si bien él no ha dejado su cargo al irse definitivamente del país, se puede calificar de abandono cuando no le garantiza a los venezolanos la estabilidad de sus Derechos Humanos.

El artículo 233 de la Constitución establece que la AN puede declarar la falta absoluta del presidente de la República en su cargo. Esto llevaría a su destitución, para luego ceder el cargo temporalmente al presidente de la Asamblea Nacional y se llamarían a elecciones. Aunque, si este proceso se extiende a 2017, le tocaría asumir el cargo por el resto del periodo al vicepresidente Ejecutivo.

Para el jurista José Vicente Haro, el mandatario nacional ha irrespetado el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución al no hacer cumplir lo establecido en las leyes. En este caso, considera que la aprobación de recursos y tratados mediante decretos es un ejemplo de ellos.

“Aparte, él prácticamente ha abandonado su cargo porque en sus políticas públicas no ha cumplido ni contribuido a solucionar las problemáticas que afectan a la nación”, acotó Haro.

2. Responsabilidad política

Además, el Parlamento se dará la tarea de probar, a través de un procedimiento de varios pasos, que Maduro tiene “responsabilidad política” en la actual crisis en Venezuela, por ello citaron al mandatario para declarar el 1 de noviembre.

De acuerdo con el artículo 222 de la Constitución Nacional de Venezuela, la AN tiene la potestad de “ejercer su función de control” mediante investigaciones e interpelación a cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.

Haro explicó que la responsabilidad política podría conllevar luego a la destitución, aplicable incluso al presidente Maduro. Sin embargo, para llegar a esto es necesario que pase por el Consejo Moral Republicano -Poder Ciudadano- y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Puntualizó que el proceso se llevaría en tres etapas:

a) El Parlamento debe conformar una comisión de legisladores que realice las averiguaciones. Luego, se debate y somete a votación en sesión parlamentaria.

b) Una vez aprobado el documento debe ser remitido al Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano).

c) Cuando el Consejo ratifique los delitos, debe solicitar el enjuiciamiento a la Sala Plena del TSJ, que decide si lo acepta y se descarta o sentencia su destitución.

“Dentro del juicio por responsabilidad política puedes contemplar que se quebranta el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del Legislativo los decretos de Estado de excepción o el Presupuesto Nacional. Además, también están las limitaciones para activar el referéndum revocatorio”, explicó Haro.

El juicio político o impeachment no existe en Venezuela

Los dos abogados coincidieron en que si bien se puede calificar de juicio el procedimiento que realizarían los parlamentarios, negaron que pueda considerarse similar al juicio político o impeachment realizado contra la presidente Dilma Rousseff en Brasil.

El término “juicio político” fue el empleado por el jefe de la bancada parlamentaria de la oposición, Julio Borges.

“Hoy comienza una sesión que culminará el próximo martes, que discute un tema muy serio, y es el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha atentado contra la democracia, los Derechos Humanos y el futuro del país”, aseguró el pasado domingo durante la sesión en la cual se aprobó el acuerdo para “restablecer el hilo constitucional”.