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Comunistas cubanos, ante el desafío de acelerar las reformas y abrir el sector privado

Cinco años después de aprobar las reformas que están cambiando el paisaje económico de Cuba, el Partido Comunista, único legal, afronta el desafío de acelerar el ritmo de ese proceso de actualización y ampliar los espacios del emergente sector privado surgido en el país.

Con la economía como eje central, el VII Congreso del PCC se reunirá entre el 16 y 19 de abril en La Habana con la participación de 1.000 delegados que analizarán el rumbo las 313 medidas o “lineamientos” aprobados en el anterior cónclave de abril de 2011, de los que solo se ha implementado un 21 %, según reconoció en enero el Comité Central del partido.

“Las reformas están bien orientadas, pero el ritmo es muy lento. Al paso que van es imposible culminar el proceso antes de que Raúl Castro abandone la presidencia en 2018”, criticó el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh.

En el VII Congreso se trabajará en cuatro comisiones, de las que tres son de contenido económico y una de las cuales se ocupará de la “conceptualización” del modelo de la isla, un “asunto urgente”, según Mesa-Lago, ya que se debe “definir con más claridad cómo se va a combinar el sector estatal y el privado”.

Mesa-Lago y otros analistas consultados por Efe señalan que el cambio más significativo en estos cinco años de reformas ha sido la apertura a los negocios privados -sector que ya emplea al 27 por ciento de la fuerza laboral de Cuba- como restaurantes, casas de arrendamiento, salones de belleza o transportistas.
El sector privado incluye a los “cuentapropistas” o pequeños emprendedores -que rozan el medio millón-, cooperativistas y asalariados autónomos; aunque en su conjunto solo aportan al producto interior bruto del país un 5 por ciento por tratarse de actividades con muy poca cualificación, apunta Mesa-Lago.

“Uno de los mayores logros de la Revolución es el enorme capital humano, bien educado y formado, pero resulta que no pueden desempeñar su trabajo por cuenta propia entre las más de 200 categorías autorizadas”, explicó.
En este diagnóstico coincide el economista cubano Emilio Morales, que dirige desde Miami la firma de consultoría Havana Consulting, y quien considera que la economía se beneficiaría notablemente si profesionales como arquitectos, abogados o ingenieros pudieran constituir pequeñas empresas privadas.

“Cuba tiene un potencial tremendo en recursos humanos que están subutilizados. Hay cientos de miles de universitarios sentados en una oficina de una empresa estatal, donde no aportan nada”, precisó Morales, quien indicó que los bajos salarios del sector público y las escasas perspectivas de futuro son los detonantes de la grave “fuga de cerebros” que sufre la isla.

Para que el sector privado sea un verdadero motor de la economía, es necesario, según Morales, que Cuba deje atrás “ciertos tabúes” y reconozca legalmente la existencia de empresas privadas, dotándolas de personalidad jurídica, lo que facilitaría la contratación de personal o la importación de insumos.
“En cualquier país, las pequeñas y medianas empresas son uno de los motores fundamentales del desarrollo”, subrayó Morales, quien resaltó que, después de 56 años, “está claro que el Estado ha sido, por sí solo, totalmente incapaz de sacar la economía adelante”.

Un sector privado sólido es “clave”, según Morales, para otro pilar de las reformas del presidente Raúl Castro: la captación de 2.500 millones de dólares anuales de capital foráneo para que la economía sea sostenible.

Para ese fin Cuba aprobó en marzo de 2014 una nueva Ley de Inversión Extranjera y ha impulsado la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), un gran centro empresarial y puerto mercante que ofrece condiciones ventajosas a la instalación de empresas foráneas; dos proyectos que arrojan de momento resultados muy modestos.

De las 400 solicitudes de inversión que Cuba ha recibido, solo se han aprobado 11 y la mitad corresponde a empresas que ya estaban instaladas en la isla, un proceso perjudicado por trabas burocráticas y centralismo y lentitud en la toma de decisiones.

“El factor desencadenante del apetito de invertir en Cuba no fue ni la nueva ley ni la ZEDM, sino el deshielo con EE.UU. y la perspectiva de que se levante el embargo. Antes del 17-D había encima de la mesa 35 solicitudes de inversión; después de esa fecha suman 400”, indicó Morales.

Además, hay otras reformas de calado que se esbozaron hace cinco años pero que apenas han empezado a rodar como la unificación monetaria, la reducción de la abultada plantilla del sector público o la mejora de la productividad en las empresas estatales para poder aumentar los salarios.